Dos años de poder morenista: Una oposición que no aprende a gobernar

La experiencia histórica del Estado Mexicano pone de manifiesto el hecho de que, en el seno de toda democracia, el debate entre izquierda y derecha, entre progresistas y conservadores, resulta fundamental y debe estar presente

Por: Federico Seyde Meléndez (*)

Imagen ilustrativa: Diego Delso: Licencia CC BY SA

Cuando François Mitterand y Felipe González, dos políticos de izquierda, llegaron al poder en Francia y España, iniciaron sus administraciones tomando decisiones de política pública que, si bien resultaban congruentes con su ideología socialista y con el programa de gobierno que ofrecieron a sus respectivos electorados, probaron ser contraproducentes e incluso dañinas para sus respectivos países tanto en términos de estabilidad y crecimiento económico como en términos de gobernabilidad. Mientras que las estatizaciones de bancos y grupos industriales tuvieron implicaciones negativas en términos de empleo, productividad y competitividad internacional; la inadecuada instrumentación e implementación de diversas políticas de fomento económico y desarrollo social se tradujo en incrementos importantes de la inflación y del déficit público. Este complejo escenario económico generó un ambiente de creciente descontento social e inestabilidad política que puso en entredicho, en sus mismos inicios, la viabilidad histórica del proyecto social-demócrata enarbolado por el PSF y el PSOE. Afortunadamente ambos líderes, hombres inteligentes, sensibles y provistos de un agudo olfato político, no tardaron en reconocer la profunda diferencia existente entre ser opositores de izquierda y ser gobernantes de dos Estados inexorablemente articulados a una economía capitalista mundial inmersa en un acelerado proceso de globalización. Ambos aprendieron la dura lección de sus primeros meses al frente del gobierno y, como resultado de ello, lograron convertirse en gobernantes competentes y realistas, en auténticos estadistas que, en situaciones difíciles, fueron capaces de tomar decisiones estratégicas que con el paso del tiempo probaron ser enormemente trascendentes tanto para el desarrollo de sus respectivos países como para la construcción de la Unión Europea. Fue precisamente bajo la conducción de estos dos líderes socialistas que Francia consolidó su posición como la segunda economía más poderosa de Europa y que España, después de décadas de atraso y aislamiento impuestas por la dictadura franquista, logró poner en marcha el proceso de cambio estructural que hizo posible su entrada en la Comunidad Económica Europea y su plena integración al mercado mundial.

El ejemplo histórico de Mitterand y González constituye una clara manifestación del hecho incontrovertible de que los Estados democráticos y capitalistas modernos son entidades complejas, provistas de su propia lógica funcional y reproductiva, que no pueden ser reducidos a la simple agregación mecánica de las partes que les constituyen. Los Estados modernos no son máquinas, no son agregaciones meramente cuantitativas de individuos y organizaciones. Los Estados modernos son entidades vivientes, complejos organismos sociales constituidos a partir de la integración de sistemas estrictamente interdependientes y provistos de imperativos existenciales específicos. Estos imperativos existenciales u ontológicos configuran una suerte de “metabolismo”, una suerte de proceso de incesante regeneración estructural basado en la operación de un conjunto históricamente generado e históricamente específico de ideas e instituciones.

En otras palabras, todo Estado real, todo Estado viviente, se encuentra estructuralmente obligado a preservar las condiciones ideológicas y materiales de las cuales depende su existencia misma y esto es algo que trasciende las propuestas estrictamente retóricas, tanto de izquierda como de derecha, que en momentos de campaña generan y transmiten los partidos políticos y sus candidatos. Lo anterior implica que, en toda nación desarrollada los gobiernos, más allá de los matices ideológicos de los partidos políticos que en determinadas coyunturas históricas detentan el control de los aparatos legislativos y ejecutivos, deben tomar medidas destinadas a preservar los equilibrios fundamentales que, en términos tanto de crecimiento económico como de legitimidad política, hacen posible la sobrevivencia del Estado. Cuando los gobiernos resultan incapaces de cumplir con esta tarea fundamental el Estado, como forma de dominación hegemónica, es decir, como forma de organización política basada en la aceptación del orden establecido por parte de grupos sociales provistos de intereses diversos y potencialmente contradictorios, entra en un proceso de crisis orgánica que eventualmente puede provocar el colapso de sus estructuras fundamentales. La preservación de estos equilibrios económicos y políticos constituye el objetivo primordial de la gobernanza y, en el caso de aquellos Estados cuya forma de organización económico-política es de carácter capitalista y democrático-republicana, implica preservar la capacidad de crecimiento, generación de empleo y  distribución de riqueza de un sistema económico integrado en un entorno capitalista mundial altamente competitivo, así como la legitimidad de un sistema político basado en la existencia de leyes e instituciones que reconocen al pueblo como la fuente última del poder soberano, al ciudadano como titular de derechos humanos inalienables e imprescriptibles y al bien común como el objetivo último de toda vertiente de acción gubernamental estratégica. Lograr la compatibilidad estructural y el equilibrio dinámico de estas dos vertientes fundamentales de la reproducción estatal, la material o económica y la ideológica o política, constituye el reto más importante de los Estados contemporáneos.

A dos años de iniciada su administración presidencial, Andrés Manuel López Obrador continúa sin dar muestras de haber aprendido la lección que en su momento aprendieron, de manera especialmente significativa, François Mitterand y Felipe González. Por el contrario y de manera terriblemente preocupante, el actual Presidente de la República parece estar incapacitado intelectualmente para entender la naturaleza del rol que le corresponde desempeñar desde el primero de diciembre de 2018. López Obrador tiene que entender que ya no es el líder de la oposición de izquierda sino el Jefe del Estado Mexicano y, como tal, está obligado a generar estrategias de gobierno que hagan posible formular y ejecutar políticas públicas congruentes con las características estructurales del país y, en virtud de ello, capaces de ofrecer soluciones viables a sus problemas más apremiantes. Mientras en el ámbito económico es importante que el gobierno federal apoye de manera enérgica a la pequeña y mediana industria privilegiando obras de infraestructura y políticas públicas que fortalezcan la generación de empleos, así como la competitividad internacional y la sustentabilidad ambiental de la economía mexicana en lugar de proyectos costosos, anacrónicos y ecológicamente cuestionables como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya; en el ámbito político, es indispensable que la Presidencia de la República genere e impulse un modelo democrático de interpelación política que sustituya la narrativa polarizante que permitió a López Obrador y a MORENA ganar las elecciones, por una narrativa integradora que permita gobernar de manera consensual y participativa un país de la magnitud, diversidad y complejidad de México. Es verdaderamente absurdo y claramente contraproducente en términos de legitimidad política que a estas alturas el discurso presidencial, tal y como se construye y proyecta cotidianamente en las conferencias matutinas de prensa, continúe gravitando en torno a figuras retóricas como “el perverso legado del neoliberalismo” y “el combate al cáncer de la corrupción promovido por gobiernos conservadores” que establecen equivalencias infundadas y claramente demagógicas entre el neoliberalismo y el empobrecimiento de las masas por un lado y el conservadurismo y la corrupción por otro. Mientras que el neoliberalismo surgió como una teoría crítica del intervencionismo gubernamental excesivo y no como una doctrina dirigida a la constitución y preservación de oligarquías; la corrupción burocrático-política dista mucho de ser algo privativo de los políticos de derecha ya que, en lo fundamental, es producto de un insuficiente desarrollo institucional y normativo acompañado de una degradación ética y cívica. Estas equivalencias y los discursos al interior de los cuales se articulan tuvieron cabida y ciertamente rindieron frutos en el marco de la campaña presidencial pero en la actualidad resultan claramente contrarios a los intereses superiores del Estado Mexicano, especialmente en el marco de la complicadísima coyuntura histórica por la que nuestro país y el mundo están actualmente atravesando.

Frente a la tragedia humana y social que representa la pandemia del COVID-19 y la profundísima crisis económica por la que atraviesa México y que se ha traducido en la pérdida de cientos de miles de empleos y en la severa contracción de los ya de por sí magros ingresos de los sectores populares, el discurso paternalista, superficial y claramente demagógico del Presidente ha dejado de ser una ventaja para convertirse en un lastre no sólo para el equilibrio estructural del Estado en su conjunto sino también y, de manera cada vez más clara, para su administración y para el partido político que le llevo al poder. La ciudadanía en general, y en particular los sectores sociales que votaron por MORENA, cada vez creen menos en las palabras de un Presidente que se mantiene fiel a un discurso que atribuye la falta de resultados del actual gobierno al “terrible legado de administraciones neoliberales” y que de manera sistemática pretende ocultar problemas desviando la atención de los ciudadanos hacia asuntos de importancia secundaria o simplemente haciendo referencia a realidades cuya existencia no se sostiene en información convincente basada en evidencia empírica sólida y demostrable. En síntesis se trata de tácticas discursivas populistas y, sobretodo, claramente demagógicas orientadas a engañar a un pueblo cuya sabiduría efectivamente existe pero que, en forma alguna, corresponde en su forma real a la imagen distorsionada, pueril y maniquea que de ella tienen sus actuales gobernantes.

López Obrador y su partido consideran que la sabiduría del pueblo existe sólo en la medida en que ésta se traduce en un incondicional apoyo de los sectores “populares” a su proyecto político y a las desdibujadas, contradictorias e imprecisas estrategias de gobierno a través de las cuales éste pretende hacerse realidad. Argumentar que la “sabiduría popular” existe solamente en la medida en que ésta se traduce en un apoyo incondicional del pueblo a un determinado proyecto político es propio de sistemas autoritarios y totalitarios de gobierno. Los discursos que respaldaron y justificaron los procesos de “re-educación” fascista y nacional-socialista en Italia y Alemania, así como la “revolución cultural” comunista en China y Camboya, se construyeron con base en esta perversa y distorsionada “equivalencia discursiva” entre sabiduría popular y sometimiento del pueblo a una ideología dominante. Para este tipo de liderazgos políticos un pueblo sabio es equivalente a un pueblo carente de capacidad crítica y por ende provisto de una visión plana y uniforme sobre la realidad política y económica del Estado al cual pertenece. Los nacional-socialistas alemanes incluso llegaron a afirmar, en el marco de un discurso político claramente patriarcalista, que un pueblo sabio es un pueblo obediente; un pueblo que confía incondicionalmente en su líder y se entrega sin reservas a sus designios ya que, en última instancia, el líder no es otra cosa que la encarnación del espíritu nacional y, en virtud de ello, todas sus decisiones y acciones son necesariamente para beneficio de las grandes masas populares.

El pueblo de México efectivamente es sabio, pero es sabio porque es diverso, porque en su seno caben muchas formas de pensar y de concebir la organización y funcionamiento del Estado. No es una sola sino muchas las formas de sabiduría que caracterizan al pueblo de México y es precisamente el diálogo entre ellas lo que ha hecho posible el progreso social y económico del país así como la generación, después de décadas de autoritarismo corporativo y clientelista, de un modelo democrático de gobernanza. En este sentido, el desarrollo político del Estado Mexicano puede ser interpretado como un proceso evolutivo de carácter dialéctico que ha hecho posible el surgimiento y consolidación de ideas, leyes e instituciones congruentes con una organización política republicana y democrática. La experiencia histórica del Estado Mexicano pone de manifiesto el hecho de que, en el seno de toda democracia, el debate entre izquierda y derecha, entre progresistas y conservadores, resulta fundamental y debe estar presente. Solamente en el marco de esta relación dialéctica es posible lograr que los excesos de una determinada visión de la realidad encuentren su contrapeso indispensable en visiones y estrategias alternativas. Se necesitan políticos de izquierda o social-demócratas para corregir los negativos impactos sociales que produce la economía de mercado y, al mismo tiempo, se necesitan políticos de derecha o liberales para corregir los negativos impactos económicos que produce el Estado del bienestar. Cuando ambas fuerzas cumplen con su cometido histórico, el Estado preserva su viabilidad estructural en el largo plazo y es precisamente por ello que la alternancia en la conducción del gobierno entre fuerzas democráticas de izquierda y de derecha es tan importante. No entender esta dinámica básica implica no entender la naturaleza esencialmente pendular del Estado democrático contemporáneo.

Con base en lo anterior, resulta verdaderamente absurdo que López Obrador defina la cuarta transformación como una nueva etapa en la historia de México dentro de la cual el conservadurismo y el neoliberalismo serán definitivamente desterrados de la vida política nacional. De lo que tendría que hablar es de la necesidad de consolidar jurídica e institucionalmente el Estado del bienestar en México entendiendo que éste es inseparable de una economía fuerte, con sólida capacidad de crecimiento y que resulte capaz de generar los recursos fiscales indispensables para su sostenimiento en un horizonte histórico de largo plazo. En lo personal hago votos para que el actual Presidente de la República Mexicana logre entender, como en su momento y circunstancia histórica lo hicieron François Mitterand y Felipe González, la diferencia existente entre un discurso político basado en una lógica de oposición orientada estratégicamente a generar y capitalizar confrontaciones entre diferentes grupos y clases sociales; y un discurso político basado en una lógica de gobernanza democrática orientada estratégicamente a construir y preservar consensos entre esos mismos grupos y clases sociales. Mientras que la primera lógica busca romper el equilibrio que ofrece un determinado status quo con la finalidad de que un proyecto político alternativo llegue al poder, la segunda busca reconstruir ese equilibrio transformando o simplemente reformando o adaptando las ideas e instituciones fundamentales del Estado. En virtud de lo anterior resulta fundamental que, a partir del tercer año de gobierno, el discurso presidencial deje de estar centrado en la construcción de antinomias supuestamente irreconciliables entre las fuerzas de la transformación y las fuerzas de la reacción, para colocar su centro de gravedad en el desarrollo de ideas integradoras que fomenten la unidad nacional y que sirvan de soporte ideológico para el desarrollo de leyes, instituciones y políticas públicas que, en materias tan importantes como el combate a la delincuencia organizada, la preservación del medio ambiente, el fomento de la producción y el empleo, el desarrollo del sistema educativo y sanitario, y el fortalecimiento de la democracia y el federalismo, necesita nuestro país de manera ciertamente apremiante. La narrativa polarizante propia de una fuerza de oposición debe dejar paso a la narrativa integradora propia de un gobierno democrático, republicano y federalista para el cual todos los ciudadanos y todas las regiones del país deben ser consideradas y discursivamente construidas como “igualmente importantes”.

(*) Dr. Federico Seyde Meléndez

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno federal de México y actualmente es profesor en el Instituto Nacional de Administración Pública y en la Universidad Internacional de la Rioja (España).

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