De los riesgos de trabajo a los trabajos en riesgo

por María Guadalupe Aguilar Pineda (*)

Imagen Ilustrativa: Life-Of-Pix/Pixabay

Heráclito una vez dijo que no existe nada permanente, excepto el cambio. La frase sigue vigente, para muestra el objetivo de la presente exposición, el cual es compartir una breve reflexión respecto de las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), así como los criterios de aplicación por parte de las autoridades laborales y las directrices emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante este año 2020, en tratándose de riesgos de trabajo bajo las circunstancias que imperan en la actualidad. Me refiero a los actos delincuenciales a los que hace alusión la reciente reforma a la Ley, y a todas aquellas prácticas que se permiten con el propósito de hacer frente al virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

En ese orden de ideas, destaquemos que de conformidad con el artículo 473 de la LFT, se entienden por riesgo de trabajo aquellos accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Ahora bien, el 22 de julio de 2018 se reformó el contenido del artículo 477 de la ley, el cual actualmente dispone que al sufrir un riesgo de trabajo se puede producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, la muerte y la desaparición derivada de un acto delincuencial. Luego entonces nos cuestionamos: ¿bajo qué supuesto un accidente o una enfermedad pueden traer como consecuencia la desaparición derivada de un acto delincuencial? A modo de comentario y a criterio de la autora, sería conveniente que el legislador considerara ampliar los supuestos que integran los riesgos de trabajo, es decir, que el contenido de los artículos 473 y 474 de la LFT, se redactara de la siguiente manera:

“Artículo 473.- Riesgos de trabajos son los accidentes, enfermedades e incidencias delictivas a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo”.

“Artículo 474.- Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos1 producidos contra el trabajador en ejercicio o con motivo del trabajo, pudiendo ocasionar la muerte o la desaparición de la persona, en cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes e incidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél”.

La propuesta que antecede podría ser cuestionable derivado de la lectura al actual artículo 474 del mismo ordenamiento, debido a que afirma lo siguiente:

“Artículo 474.- Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste”.

Nuevamente nos cuestionamos: ¿qué tan adecuado es que un acto delincuencial sea considerado un accidente de trabajo por la normatividad laboral? Dicha situación generó controversia en los criterios de las autoridades laborales2 y, por ende, se ha tenido que acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad que el pasado 14 de agosto de la presenta anualidad, mediante la tesis aislada con número de registro 2021950, decidió que el fallecimiento de una persona con motivo de su secuestro ocurrido al llegar a su centro de trabajo, debe ser considerado accidente de trabajo, en atención al principio in dubio pro operario, el cual establece que en caso de duda en la interpretación de la norma laboral, se atenderá aquella que favorezca al trabajador, pudiendo el legislador evitar estas controversias al simplemente reformular e incorporar a las incidencias delictivas como fuente de riesgos de trabajo.

Por último, y no menos importante, independientemente de las declaraciones efectuadas por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, tenemos las prácticas de celebración de convenios extrajudiciales bajo el amparo de los artículos 427, fracción VII y 429, fracción IV de la LFT, en donde se admite el pago de una indemnización equivalente a un día de salario mínimo vigente por cada día que dure la suspensión por contingencia sanitaria, así como los criterios que adoptarán las Autoridades Laborales con el propósito de hacer frente al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), sin afectar la estabilidad en el empleo de los trabajadores, puesto que se avecinan diversas interposiciones de demandas presentadas por despido injustificado, vencimiento de contratos laborales, disminución en la percepción salarial, modificaciones en las fechas de pago, así como el riesgo de trabajo al presentarse a las instalaciones y contraer el virus, aparejado de la certificación por parte del Organismo Descentralizado para hacer efectiva la incapacidad y el pago correspondiente, situaciones que afectan la economía del empresario y del país, por ende colocan al trabajador rumbo al camino del desempleo. Pero no se trata de pensar en un panorama sin futuro, por el contrario, es momento de generar oportunidades y habilidades de negociación para la correcta y mejorada aplicación de la norma laboral, pues recordemos las palabras de Deepak Chopra cuando manifiesta que los grandes cambios son precedidos por el caos.

Referencias

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva( 11 de septiembre de 2020), obtenido de https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005
2 Los padres de un médico especialista que fue secuestrado y asesinado en Durango, exigieron a la entonces Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que la desaparición, secuestro y asesinato fueran considerados riesgos de trabajo, sin embargo, la Junta negó la petición y absolvió al IMSS y al Sindicato del pago de diversas prestaciones e indemnización. Ver: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación (marzo 2020), obtenido de https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/tesis.aspx

(*)María Guadalupe Aguilar Pineda

Licenciada en Derecho con Mención Honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia y formación en Derecho Laboral, Derecho Administrativo y Derechos Humanos; participante en el Premio a la Investigación Jurídica Monterrey 2014 con el proyecto intitulado: “Ética, Derecho y Praxis del Servicio Público: Análisis sobre la responsabilidad administrativa del servicio público frente al paradigma de los Derechos Humanos y Certidumbre Jurídica”; se ha desempeñado como Docente en Universidades como el Centro Universitario para el Liderazgo y Desarrollo Profesional S.C.; Universidad de la República Mexicana S.C. y Universidad Latina S.C.; adicionalmente colabora como Consultora en el Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s