Corrupción y derecho penal

El desprecio por el respeto y cumplimiento de la norma jurídica desde las más altas esferas del gobierno, incluso desde la más alta magistratura, promueve la corrupción

Por Víctor Manuel Ornelas Carsolio (*)

Imagen ilustrativa: sajinka2 (Pixabay)

Hablar de corrupción no es sencillo, es un fenómeno extraordinariamente complejo que ha motivado la intervención de todos los sectores de la sociedad tanto nacionales como internacionales.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el término corrupción se repite en más de 20 ocasiones, es un tema de la mayor importancia; se ha buscado combatirla desde la Ley Fundamental, se han creado leyes especiales y se han suscrito acuerdos internacionales para combatir dicho fenómeno.

Una de las vertientes más importantes a través de la cual se busca combatir el fenómeno de la corrupción es precisamente el ámbito penal; el ius puniendi, es, sin duda, alguna el recurso más extremo con que cuenta el Estado para proteger los bienes jurídicos que se consideran de mayor relevancia para una sociedad en un momento histórico determinado.

El Código Penal Federal, en su Título Décimo, contempla los delitos por Hechos de Corrupción. En este espacio me gustaría hacer una reflexión respecto a la denominación del Título en comento, pues el legislador federal asumió que sólo ciertos servidores públicos pueden ser corruptos, o dicho de una forma más precisa, sólo ciertos servidores públicos pueden cometer delitos por Hechos de Corrupción, lo que, desde mi particular punto de vista, estigmatiza, y por ende, equívoco, porque la corrupción como fenómeno social no es exclusivo de ciertos servidores públicos, sino de cualquiera de ellos.

El servicio público es una actividad complicada y, las más de las veces, bastante ingrata y, a pesar de ello, menospreciada por todos, incluso desde el gobierno mismo, seguramente porque, regularmente, el servicio público es el receptáculo de todos aquellos que no encontraron cabida en la iniciativa privada, que no pudieron cristalizar una mejor oportunidad.

Trabajar al servicio de los demás requiere de una gran vocación y muy pocos la tienen, prestar un servicio por 10 o 12 horas diarias, incluso en ocasiones por mucho más tiempo, no es fácil; estar sujetos las más de las veces a mandos ignorantes y déspotas que entienden que su principal función es la de denostar a su personal tampoco ayuda a este fenómeno.

La falta de voluntad política (para crear las condiciones necesarias para que los servidores públicos se desarrollen bajo la base de la capacitación, de la superación personal y profesional), la falta de seguridad y estabilidad laboral, la reducción de sueldos, la poca exigencia en las cualidades profesionales y la ausencia de compromiso de los intervinientes, etc., son sin duda alguna elementos que la promueven, de tal suerte que todo el Estado propicia y alimenta la corrupción.

Otro de los graves inconvenientes en tratándose de Hechos por Corrupción es su innegable contexto político, cuyos intereses casi nunca están en el esclarecimiento de los hechos, en la sanción a los responsables y en la reparación de los daños causados; por el contrario, el interés principal está en crear todo un escenario mediático que se traduzca en un beneficio igualmente político, bien sea para legitimar al nuevo gobierno, bien sea para materializar una venganza.

Las experiencias vividas y que se siguen viviendo con cada nueva administración así lo demuestran; el desprecio por el respeto y cumplimiento de la norma jurídica desde las más altas esferas del gobierno, incluso desde la más alta magistratura, promueve la corrupción. Es imposible combatirla cuando por otra parte se le fomenta y se le exalta.

Al respecto, resulta indispensable preguntarnos qué es lo que se pretende que el derecho penal logre en tratándose de hechos de corrupción, qué se espera del derecho penal frente al fenómeno de la corrupción; no debemos olvidar que el derecho penal es una parte del derecho público que tiene como finalidad primordial la protección de bienes jurídicos de particular relevancia para una sociedad en un momento determinado. Dicha protección se pretende alcanzar a través del establecimiento de tipos penales y la sanción correspondiente a quienes los materialicen. Es precisamente así como se legitima la existencia del ius puniendi.

Sin embargo, hay que reconocer que el derecho penal ha fallado en la misión de proteger bienes jurídicos mediante la conminación de la aplicación de una pena; las razones son múltiples, las más visibles están en la incapacidad del Gobierno de investigar, procesar y sancionar esos hechos.

Ante tal escenario se ha buscado endurecer los tipos penales de corrupción; respecto de éstos no se distingue para efectos de la pena entre quien materialice el delito y quien ayude o auxilie en su comisión, violando así la ley penal existente.

Lo anterior sin éxito; por eso la necesidad de replantearse qué se pretende que el derecho penal logre, por lo menos en tratándose de hechos de corrupción. Para dar respuesta a la pregunta anterior es indispensable identificar los bienes jurídicos que se pretenden proteger a través de dichos tipos penales y básicamente, en mi opinión, son dos. En primer lugar, la adecuada prestación del servicio público, que tiene que ver de manera directa con la calidad, con el compromiso y la expertise de las actividades que realizan los y las servidoras públicas.

En este caso, cobra particular relevancia lo que el servidor público hace, cómo lo hace y lo que deja de hacer. En este sentido, una limitante significativa que propicia la mediocridad en el servicio público es que los delitos por corrupción no admiten la forma de comisión culposa, de tal suerte que la impericia, la falta de compromiso, la desatención y las irresponsabilidades más graves, no dan lugar a una responsabilidad de tipo penal, a pesar de que este tipo de conductas se verifican con lamentable cotidianidad en el mundo real; pero no sólo los trabajadores al servicio del gobierno deben comprometerse en el combate a la corrupción.

El gobierno debe, sin duda, alguna dignificar su labor. Que los servidores públicos no cuenten en algunos casos ni siquiera con los insumos indispensables para realizar su labor (más aún en los momentos que nos han tocado vivir) es inaceptable; que no cuenten con jabón, papel de baño, agua, etc. constituyen elementos que propician la falta de compromiso. Incluso la carga de trabajo en algunos casos hacen materialmente imposible la realización eficiente de éste.

Ahora bien, por lo que toca a una adecuada protección del bien jurídico identificado en el patrimonio es indispensable acudir a los programas más modernos de justicia restaurativa, éstos se basan en la creencia de que las partes de un conflicto deben estar activamente involucradas para resolver y mitigar sus consecuencias negativas.

En ese sentido, y como lo he comentado, debe participar activamente el gobierno como corresponsable del fenómeno de la corrupción. Es innegable que la contratación de un mal servidor público es consecuencia de ineficientes controles gubernamentales, así como los ineficaces órganos de vigilancia, etc. Ello debe comprometer al gobierno a participar activamente en la reparación del daño a través de mecanismos financieros que lo garanticen, porque en muchos casos el servidor público carece del patrimonio suficiente para repararlo.

En fin, mucho hay qué decir de lo que se debe hacer y de lo que se debe modificar para mejorar lo que del derecho penal se espera para combatir la corrupción; estas son apenas unas humildes propuestas para tratar de lograrlo.

(*) Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Lic. en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Derecho Penal y Maestro en Justicia Federal por el INACIPE.

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