El caso Lozoya y los inconvenientes de la politización de la justicia

La figura de testigo protegido no resulta aplicable al exdirector de PEMEX porque los hechos delictivos que se le imputan no son constitutivos de Delincuencia Organizada

Por Víctor Manuel Ornelas Carsolio (*)

Imagen ilustrativa: Petróleos Mexicanos

En fechas recientes ha sido noticia nacional la detención con fines de extradición de Emilio Lozoya Austin, ex director de la Paraestatal Petróleos Mexicanos, PEMEX, y —más aún— la decisión de éste de someterse a la justicia mexicana accediendo voluntariamente a ser extraditado.

La gran mayoría especulábamos sobre la existencia de un acuerdo con el gobierno mexicano; ello, basados en la decisión (para muchos sorpresiva) de no defenderse y allanarse a la solicitud de ser extraditado por la comisión de hechos con apariencia de delito en operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, según la información que ha sido difundida por el propio gobierno mexicano y los medios de comunicación.

La especulación referida se confirmó una vez que el ex director de Petróleos Mexicanos llegó al país, pues lejos de quedar a disposición de los órganos jurisdiccionales de control que emitieron las órdenes de aprehensión en el interior del reclusorio respectivo fue ingresado a un hospital particular argumentando una anemia, padecimiento que —por cierto— sufren cientos, tal vez miles de personas recluidas en el sistema penitenciario mexicano.

Posteriormente, se dio a conocer por diferentes miembros del gobierno mexicano —entre ellos el coordinador de la bancada del partido oficial en el Senado de la República, Ricardo Monreal, así como por el propio Presidente de la República— que el señor Lozoya Austin sería testigo colaborador.

Al respecto, debe decirse que la figura del testigo colaborador no está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales; sí, en cambio, en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, en mi opinión, dicha norma no resulta aplicable, pues los hechos delictivos que se imputan al señor Lozoya no son constitutivos de delincuencia organizada (lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo primero de dicho cuerpo normativo, el cual refiere que «La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada».

Ahora bien, toda vez que al señor Lozoya no se le imputa ser parte de la delincuencia organizada, no podría aplicarse dicha Ley para establecer las reglas de investigación o persecución a los hechos materia de las ordenes de aprehensión por las que fue extraditado y no podría establecerse la figura del testigo colaborador a la que se refiere la Ley respectiva.

No obstante la afirmación anterior, existe un ordenamiento que sí contempla la figura del testigo colaborador, esta es la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, la cual dispone en su artículo segundo: «Testigo Colaborador: Es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva, o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad».

Desde un punto de vista estricto, debe decirse que la ley en comento no prevé beneficio alguno consistente en la extinción o abstención de la acción penal en favor del testigo colaborador, lo que sí prevé el acuerdo A/099/17 de la Fiscalía General de la República, por el que se establecen los criterios generales para la aplicación de los «criterios de oportunidad», en relación con lo dispuesto por el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales; los cuerpos normativos referidos contemplan como beneficio la abstención del ejercicio de la acción penal en favor del imputado que aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave. Justamente aquí empiezan las múltiples complicaciones que representa politizar un tema estrictamente jurídico.

Efectivamente, como puede advertirse, hasta este momento considero cuestionable la procedencia de la aplicación del criterio de oportunidad que se ha hecho público a cambio de que el señor Lozoya Austin aporte información supuestamente esencial y eficaz para la persecución de diversos hechos delictivos, pues esos hechos delictivos tendrían que ser más graves que los que se le imputan, lo que hasta el momento no se ha sustentado; asimismo deberían haberse reparado o garantizado los daños causados como consecuencia de los hechos delictivos que se le imputan, de lo que no se ha hablado.

Diverso requisito es que los terceros a quienes se vaya a investigar hayan generado una mayor afectación al bien jurídico que la que pudo haber causado el señor Lozoya, lo que hasta este momento tampoco acontece.

También se requiere que el señor Lozoya haya tenido una intervención menor, lo que tampoco acontece, pues de la información que se ha filtrado a través de diversos medios de comunicación y otros órganos del gobierno, se desprende que quien ofreció cantidades en numerario a cambio de determinadas conductas a diversas personas fue precisamente el señor Lozoya, de donde puede advertirse que su intervención no fue menor.

Tampoco se advierte, insisto, por lo que se ha dado a conocer, que la pena que pudiera corresponderle a la conducta imputada al señor Lozoya esté atenuada en relación con los terceros en contra de quienes aporta información, o que la conducta de éstos, esté agravada en relación con la del señor Lozoya.

Lo anterior, sin olvidar que el acuerdo de la Fiscalía General de la República en comento impide expresamente otorgar un criterio de oportunidad en los casos de delitos que afecten gravemente el interés público, por lo que considero que los diversos hechos relacionados con el caso Lozoya, resultan del más alto interés de la sociedad mexicana, ratificado así, incluso, por la actual administración en múltiples ocasiones, lo que por sí mismo hace improcedente la aplicación de cualquier criterio de oportunidad.

El punto TERCERO del acuerdo en comento señala que se podrá aplicar un criterio de oportunidad cuando se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, que tenga pena alternativa o pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión; sin embargo, los hechos por lo que se libraron las ordenes de aprehensión en contra del señor Lozoya Austin no cumplen con ninguno de los supuestos referidos, pues sí tienen contemplada pena privativa de libertad y todas exceden del máximo de 5 años de prisión.

Lo anterior es así, pues el delito de asociación delictuosa tiene una pena privativa libertad hasta de diez años; en el caso del cohecho, la pena máxima para el tipo básico es de catorce años de prisión y, en el caso del delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita, la pena máxima para el tipo básico es de quince años de prisión.

No obstante lo anterior, el Ministerio Público de la Federación se ha abstenido de ejercer acción penal en contra del señor Lozoya, ello es así pues (a pesar de haber repatriado al imputado en cumplimiento a diversas órdenes de aprehensión) ha omitido presentarlo ante el juez de control respectivo a efecto de imputar formalmente los hechos delictivos que se le atribuyen en la audiencia correspondiente.

Lo anterior, a cambio de información cuya veracidad puede ser cuestionable, por la improcedencia del criterio de oportunidad referido, información que ha sido dada a conocer por el propio Presidente de la República y otros órganos de gobierno, haciendo señalamientos de culpabilidad penal, exponiendo al escarnio y condena pública a diversas personas físicas perfectamente individualizadas; todo ello en una franca violación a diversos principios que rigen el debido proceso penal, como el de presunción de inocencia, entre otros. Todo por justificar políticamente una acción que nada tiene que ver con un debido proceso penal.

La improcedencia del criterio de oportunidad referido y la indebida filtración de información que pueden concluir en violaciones al debido proceso, son, sin duda alguna, los inconvenientes de politizar la justicia.

(*) Víctor Manuel Ornelas Carsolio

Lic. en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Derecho Penal y Maestro en Justicia Federal por el INACIPE.

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