El derecho constitucional al internet halaga el oído, pero esconde una grave amenaza a las libertades individuales

Imagen ilustrativo: Gerd Altmann en Pixabay

De acuerdo con El Economista, desde el año 2014 y hasta 2017, el Gobierno mexicano invirtió varios miles de millones de dólares en la adquisición de una serie de malware con el objetivo específico de espiar a la sociedad civil; en este sentido «Los investigadores del Citizen Lab, un instituto de la Universidad de Toronto, Canadá, han descubierto estas campañas de espionaje y reconocen que en México existe un grave problema de espionaje ilegal, con tecnología de uso exclusivo del gobierno».¹

Es claro que los medios informáticos le han dado a los gobiernos una forma sumamente sutil para que puedan investigar a los ciudadanos, sean o no adversarios políticos del gobierno en turno; esta situación se ha visto exacerbada si consideramos cómo en este mismo período el gobierno federal ha implementado toda una serie medidas que obligan a las personas a bancarizarse, es decir, a contratar con los bancos tarjetas de débito o crédito para realizar casi cualquier operación.

En consecuencia, la supervisión es ya no solo en el ámbito de la privacidad de los individuos; ahora se amplió a lo concerniente a sus finanzas, es decir, a sus ingresos y egresos, de tal manera que la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria van cada día con mayor eficiencia y eficacia inmiscuyéndose —sin ningún tipo de mandato debidamente fundado y motivado— en las finanzas de las personas.

Esto, que parece tan solo una hipótesis sacada de las novelas distócicas de George Orwell o Raid Bradbury, son una realidad cada vez más tangible, ya que la famosa frase de «El hermano mayor te vigila» es algo que pasó de la mera especulación prospectivista a una cotidianidad apabullante.

Así, las cámaras de video que se empezaron a colocar en la Ciudad de México a principios de los noventa, hoy se cuentan por miles, tanto púbicas como privadas, eso sin contar que cada llamada, cada mensaje, cada fotografía deben ser conservados por la compañía que les preste el servicio por un mínimo de dos años. Y, si así lo requiere la autoridad, puede proporcionar al Estado la referida empresa el servicio de geolocalización del individuo que se desee ubicar en tiempo real, todo ello fundamentado en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014 y cuya última reforma es del 24 de enero del 2020.

Esto implica que una persona común que tenga un celular, una tableta, una computadora de escritorio o su auto es de modelo reciente, es posible que se le escuche, se le siga y se le ubique; asimismo se hace uso de sus tarjetas. Hacienda sabe dónde, cuándo y cuánto gastó, y si esas cantidades no concuerdan con sus ingresos declarados, se le considera un probable evasor.

Así que el dinero que te debían, o si tus padres te depositan en la tarjeta, o bien si recibes una tanda, todo eso es objeto de escrutinio en tiempo real. Es muy probable, pues, que los sistemas de Pegaso, Da Vinci y Galileo —adquiridos por los gobiernos anteriores y de los cuales a la fecha no se ha establecido cuál era su objetivo— seguramente siguen operando, ya que además de espiar en forma pasiva, es decir, solo recabar información útil para la toma de decisiones (como eufemísticamente dice la Ley Federal de Seguridad Nacional), también pueden realizar operaciones activas, o sea, sembrar datos que pueden ser susceptibles de involucrar al sujeto en cuestión en la probable comisión de un delito de índole informático.

Cuando se estableció en la Constitución el derecho humano al libre acceso a la internet, en realidad nos estaban dando un dulce envenenado. Quién iba a imaginar que el tener derecho a la información, a la generación de esta y a la posibilidad de acceder a la misma, iba a ser el método más eficaz para generar un sistema de control social en el que —ya sea voluntaria u obligatoriamente— todos contribuimos, pues tenemos la necesidad de usar las tecnologías de la información y las comunicaciones para trabajar, comprar y desarrollar casi toda actividad humana existente. Más ahora, con la nueva realidad a la que nos ha enfrentado el coronavirus, causante de la enfermedad Covid19.

Así que si la gente creía que el derecho humano a la internet era un gran logro, la verdad es muy diferente. ¿O usted que piensa estimado lector?

Fuentes consultadas

1. Julio Sánchez Onofre. «Sospechan mayor espionaje del gobierno mexicano». El Economista. (Publicado el 13 de febrero de 2017). Consultado en https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sospechan-mayor-espionaje-del-gobierno-mexicano-20170213-0039.html

(*) Lic. Roberto Jesús Tapia Castillo